La procuraduría de California abrió hoy un proceso a 14 compañías que habrían defraudado a miles de personas en riesgo de embargo hipotecario al cobrarles por adelantado por trámites que nuca realizaron.

El procurador general del estado de California Jerry Brown informó que como patrón común, esas empresas del sur de California contactan a personas en inminente riesgo de perder sus propiedades.

Una vez contactadas, les prometen interceder ante sus respectivos bancos y solucionar con un plan la situación si los interesados les pagan por adelantado algunos miles de dólares por sus servicios.

Miles de compradores de vivienda desesperados pagaron las tarifas de esas compañías por adelantado, sólo para descubrir con el paso del tiempo que los presuntos especialistas nunca contactaron a sus bancos.

En California se registra un embargo cada 90 segundos, de acuerdo con el legislador demócrata estatal Ted Lieu, quien propone nuevas leyes que sancionen a defraudadores.

El estado dorado es el que más embargos registra en Estados Unidos y el mes pasado aprobó una moratoria de hasta 90 días a quienes estuvieran a punto de ser expulsados de sus hogares por embargos.

El procurador Brown anunció cinco demandas separadas contra las empresas identificadas como fraudulentas en la operación estatal “préstamos de mentira” y firmó que “la industria del refinanciamiento hipotecario está plagada de charlatanes que abusan de personas desesperadas que enfrentan embargos”.

En el operativo, que continúa en California, participan junto con la fiscalía estatal las procuradurías federales en el estado y la Comisión Federal de Valores.

Brown explicó en un comunicado el procedimiento de las empresas demandadas.

Como ejemplo señaló que en enero de 2008 una compradora de casa recibió una carta del banco que le prestó para su hipoteca y en ella le explicaba que su pago mensual aumentaría de dos mil 300 a tres mil 500 dólares.

Unos meses después una compañía de refinanciamiento contactó a la compradora para prometerle una reducción hasta de 40 por ciento en su deuda principal, presuntamente por la caída de precio de la vivienda, y disminuir sus pagos mensuales en dos mil dólares. Supuestamente lo único que cobraba la compañía eran tres mil 500 dólares por estos trámites.

La compradora pagó esa tarifa y unos meses después su banco le informó que su solicitud de refinanciamiento había sido rechazada. Al presentarse a revisar el rechazo, la mujer descubrió que la empresa de refinanciamiento falsificó su firma y simplemente había pedido que le redujeran los pagos sin argumentos, tal y como lo habría podido pedir ella misma.

Brown dijo que en muchos otros casos las supuestas compañías de refinanciamiento cobraron mayores cantidades y nunca llegaron a contactar a los bancos.